La FGR cumplimentó la orden de aprehensión tras acusarlo de presunto ocultamiento de evidencia clave en la desaparición de los 43 normalistas
La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, como parte del nuevo modelo de investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
De acuerdo con la información oficial emitida por la FGR, la detención se derivó de un reanálisis exhaustivo del expediente. Las autoridades ministeriales señalan a Aguirre Rivero por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de evidencias fundamentales que habrían permitido dar con el paradero de los normalistas agredidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Un historial político marcado por la crisis de 2014
Ángel Aguirre Rivero cuenta con una amplia trayectoria política en el país. Tras desarrollarse en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) —fuerza con la que llegó al Senado y a la Cámara de Diputados—, en 2010 migró al Partido de la Revolución Democrática (PRD). Bajo la sigla de este instituto, en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), ganó la gubernatura de Guerrero.
Su mandato abarcó de abril de 2011 a octubre de 2014, periodo que quedó signado por la tragedia de los 43 estudiantes. Ante la severa crisis política y la presión social derivada de los acontecimientos de Iguala, Aguirre presentó su renuncia al cargo semanas después de la agresión.
De las hipótesis a las imputaciones judiciales
Durante años, la presunta implicación del exmandatario en la ocultación de datos se mantuvo en el terreno de las hipótesis. Entre los señalamientos más recurrentes destacaba la destrucción de las grabaciones registradas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, material catalogado por las familias de los jóvenes como determinante para el esclarecimiento de los hechos.
En mayo de 2015, Aguirre emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y deslindó su responsabilidad sobre el manejo de dicho material:
“Nunca tuve conocimiento de los videos que se dice destruyó la entonces presidenta del Tribunal Superior de Justicia [Lambertina Galeana Marín]. Explicó en su momento las acciones que realizó mi gobierno cuando tomamos conocimiento de los hechos.”
Más tarde, en 2019, el exgobernador compareció formalmente por más de cuatro horas ante las instalaciones de la FGR, donde reiteró haber aportado toda la información a su alcance para coadyuvar en la investigación. Sin embargo, las recientes diligencias del Ministerio Público Federal derivaron en el mandamiento judicial concretado en las últimas horas.