La Cancillería recurre a fiscalías estatales, al Departamento de Justicia y a la ONU tras el rechazo de Washington a sus protestas formales y el trágico fallecimiento de un mexicano en Texas.
En un movimiento sin precedentes para exigir justicia, el Gobierno de México elevó al máximo nivel la tensión diplomática con Estados Unidos al interponer 20 denuncias penales por la muerte de 17 migrantes mexicanos ocurridas desde el pasado mes de mayo, ya sea durante operativos de captura o mientras se encontraban bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que las acciones legales fueron emprendidas formalmente el pasado 13 de julio por el embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri. Las denuncias se distribuyeron estratégicamente en las jurisdicciones locales donde ocurrieron los decesos: ocho ante fiscalías estatales y doce ante fiscalías de condado repartidas en ocho estados clave: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.
Investigación federal y apelación ante las Naciones Unidas
A la par de las acciones estatales, la Embajada mexicana remitió el 14 de julio al Departamento de Justicia —a través del Departamento de Estado— una denuncia elaborada directamente por la Fiscalía General de la República (FGR). En ella se solicita la apertura inmediata de investigaciones federales y el reporte continuo sobre el avance de los peritajes.
La estrategia diplomática rebasó además el ámbito bilateral. El canciller Roberto Velasco Álvarez envió una carta formal al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. México solicitó formalmente al organismo internacional:
Recabar información mediante solicitudes de aclaración al gobierno estadounidense.
Analizar si los decesos vulneran los instrumentos y tratados internacionales de derechos humanos.
Emitir recomendaciones vinculantes y preventivas para evitar que estos hechos vuelvan a repetirse.
Acompañamiento consular: La SRE enfatizó que la red consular mexicana brinda apoyo legal permanente a las familias de las víctimas, gestionando la repatriación de los restos y cubriendo las necesidades jurídicas y operativas que soliciten los deudos.
La chispa en Texas y el roce diplomático
Estas acciones responden directamente a las instrucciones emitidas el pasado 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum, tras destaparse la cifra de fallecidos en los centros de detención estadounidenses, incluyendo aquellos gestionados por corporaciones privadas. La preocupación mexicana se incrementó drásticamente tras el tiroteo del 7 de julio en Houston, Texas, donde Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano de 52 años, perdió la vida tras recibir disparos de un agente del ICE en medio de una redada.
Pese a que el embajador Lazzeri sostuvo reuniones de alto nivel con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y mandos del ICE para exigir transparencia e inspecciones a las instalaciones, la respuesta inicial de Washington endureció la postura entre ambas naciones.
El pasado viernes, el Departamento de Estado devolvió a México las cartas diplomáticas de protesta. Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, argumentó que los reclamos mexicanos pretendían “dirigir las acciones del personal estadounidense en su territorio soberano”, exhortando a la Cancillería a canalizar sus dudas únicamente por las vías diplomáticas habituales.
Con el recurso presentado ante las fiscalías locales y el respaldo de la FGR y la ONU, el Gobierno mexicano busca cercar legalmente los casos y evitar que las muertes queden impunes en el fuero federal estadounidense.