La Contraloría Estatal confirma sanciones a un total de 195 servidores públicos, incluyendo mandos de primer y segundo nivel, mientras se reporta una reducción histórica en las observaciones federales.
En un corte de caja contundente sobre el combate a la corrupción, la Contraloría General de Tamaulipas anunció la inhabilitación de 134 servidores públicos y la sanción de un total de 195 exfuncionarios debido a diversas irregularidades administrativas. La gran mayoría de estos casos sepultan la gestión pasada.
La contralora estatal, Norma Angélica Pedraza Melo, reveló que alrededor del 90 por ciento de las sanciones corresponden a la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, alcanzando incluso a perfiles de primer y segundo nivel de dicho sexenio.
“Sí hay personas de primer nivel que en su momento han sido inhabilitadas. Algunos recurrieron a amparos y otros medios de defensa, por lo que los procesos continúan”, detalló la funcionaria.
Adicionalmente, la Contraloría ha turnado 85 expedientes más al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), instancia que se encargará de determinar las sanciones correspondientes a faltas consideradas como graves.
Cuentas claras: Caen observaciones de la ASF
El brazo fiscalizador del estado no ha bajado el ritmo. En lo que va de 2026, ya se han impuesto 52 sanciones e inhabilitaciones derivadas de investigaciones internas.
A la par de los castigos, Pedraza Melo destacó que la actual administración ha logrado blindar el uso de los recursos públicos, reduciendo al mínimo los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF):
Cuenta Pública 2023: Cerró con observaciones de apenas el 0.03% del presupuesto auditado.
Cuenta Pública 2024: Registró observaciones por un histórico 0.02%.
En conjunto, las observaciones de ambos ejercicios fiscales suman alrededor de 14 millones de pesos, una cifra notablemente baja en comparación con administraciones anteriores.
Repunta la transparencia patrimonial
Finalmente, la contralora estatal resaltó una mejora significativa en la cultura de la legalidad dentro del aparato gubernamental. Actualmente, cerca de 38 mil trabajadores del Poder Ejecutivo presentan en tiempo y forma su declaración patrimonial, una cifra muy superior a la que se registraba al inicio del actual gobierno.
Con estas acciones, la dependencia reafirma que la estrategia de fiscalización y combate a las irregularidades avanza firmemente, marcando una línea clara de rendición de cuentas en el estado.