Abogados y la organización LUPE presentaron una petición ante un tribunal federal de Texas para revertir la expulsión de Jessica Treviño Villegas, madre de tres ciudadanos estadounidenses.
Activistas y abogados especializados en derechos migratorios exigieron al Gobierno de Estados Unidos el retorno inmediato de Jessica Treviño Villegas, una ciudadana mexicana beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), quien fue deportada el pasado mes de marzo a pesar de contar con un estatus legal protegido y vigente hasta abril de 2027.
La organización La Unión del Pueblo Entero (LUPE) informó que la defensa legal de Treviño presentó una petición ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas. La asociación denunció que las autoridades estadounidenses han intensificado la detención y expulsión de beneficiarios del programa establecido en 2012 bajo la presidencia de Barack Obama, una situación que mantiene bajo amenaza a cerca de medio millón de jóvenes inmigrantes.
Treviño Villegas llegó a Estados Unidos a los siete años de edad y residía en la ciudad de Álamo, Texas. Es madre de tres adolescentes de 16, 14 y 13 años, todos ciudadanos estadounidenses. “Ninguna familia debería tener que pasar por lo que nosotros hemos pasado. Le pido a esta Administración que deje de separar a las familias. Déjenme volver a casa con mis hijos”, manifestó la afectada en el comunicado emitido por LUPE.
La defensa subrayó que la mujer trabajaba en su comunidad y cumplía puntualmente con la renovación del programa cada dos años. Tras concretarse su expulsión a México, las autoridades justificaron la cancelación de su DACA alegando un “viaje no autorizado” fuera de territorio estadounidense, argumento que sus abogados califican de arbitrario e ilegal al haber sido provocado por la propia deportación.
“Jessica no abandonó el país por voluntad propia. La detuvieron con violencia y deportaron ilegalmente. La misma agencia que fabricó este caos en la vida de Jessica ahora amenaza con causar aún más daño al quitarle sus protecciones. Es cruel, es ilegal y no podemos normalizar esto”, sostuvo Tania Chávez, presidenta de LUPE.
Este caso refleja un incremento preocupante en las acciones contra los llamados dreamers. De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a 261 beneficiarios de DACA y deportó a al menos 86. Actualmente, el programa permanece cerrado para nuevas solicitudes y requiere que los beneficiarios previamente aprobados mantengan la renovación de su estatus cada dos años.