El ministro ha sido criticado por su postura a favor de la austeridad y su cercanía con la 4T
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, ha sido objeto de cuestionamientos luego de que se revelara que su equipo de asesores supera en número al que tenía su antecesora, Norma Lucía Piña Hernández, a pesar de haber prometido una política de austeridad en el Poder Judicial.
Al asumir la presidencia de la Corte, Aguilar Ortiz anunció que reduciría su salario respecto al de Piña Hernández y aseguró que implementaría una gestión austera, en línea con los principios promovidos por el actual gobierno federal y la llamada Cuarta Transformación (4T). Sin embargo, el discurso ha sido puesto en duda tras conocerse la estructura actual de su equipo cercano.
Más asesores, mismo presupuesto
De acuerdo con el directorio oficial de la SCJN, actualmente hay 29 personas adscritas a la Coordinación General de Asesores de la Presidencia, cifra superior a la que mantenía la ministra Piña durante su gestión.
Entre los nombres que destacan en el equipo de Aguilar está Vidulfo Rosales Sierra, exabogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, quien ahora aparece como secretario de Estudio y Cuenta con un sueldo neto mensual de 118 mil 138.37 pesos.
Además de Rosales, al menos otros seis funcionarios ocupan el mismo cargo. El resto del equipo está conformado por:
7 profesionales operativos
4 técnicos operativos
3 secretarios de Estudio y Cuenta adjuntos
3 secretarias auxiliares de ponencia
2 dictaminadoras
2 secretarios auxiliares II
1 coordinadora general de asesores
Incongruencia señalada
La ampliación del equipo cercano del ministro presidente ha sido criticada como un acto de incongruencia respecto a su compromiso con la austeridad. Mientras que en su momento Norma Piña fue duramente señalada por integrantes del gobierno federal y legisladores oficialistas por supuestos privilegios en el Poder Judicial, Aguilar parece replicar —o incluso ampliar— algunas de esas prácticas administrativas.
Hasta el momento, la SCJN no ha emitido una postura oficial en respuesta a las críticas, ni ha detallado si el incremento en asesores implicará un aumento presupuestal o se mantendrá dentro de los márgenes actuales.