El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, excomandante de la Doceava Zona Naval en Puerto Vallarta, ha sido vinculado en investigaciones periodísticas con presuntos actos de corrupción durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien se desempeñó como comandante de la Doceava Zona Naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco, ha sido señalado en diversas investigaciones periodísticas por presuntos actos de corrupción durante el actual sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con reportes publicados por medios nacionales, Farías Laguna sería parte de una red de influencias dentro de la Secretaría de Marina (SEMAR), presuntamente operada por familiares del almirante secretario Rafael Ojeda Durán, de quien se dice es su sobrino. La red incluiría a su hermano, Fernando Farías Laguna, también oficial de alto rango, y estaría vinculada a decisiones estratégicas sobre obras públicas, adquisiciones, dragado, fomento portuario y proyectos clave como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Aunque hasta el momento no existe una orden de aprehensión ni una investigación judicial abierta de manera pública en contra del vicealmirante, las acusaciones periodísticas apuntan a un uso discrecional del poder dentro de la SEMAR, incluyendo supuestos casos de nepotismo, adjudicación directa de contratos y manejo opaco de recursos públicos.
Entre los señalamientos destaca la influencia que los hermanos Farías Laguna habrían tenido en la administración de áreas clave de la Marina, a través de redes internas de control político y técnico, lo que ha encendido alertas entre observadores civiles y expertos en transparencia gubernamental.
Señalamientos sin acciones legales
A pesar de la gravedad de las acusaciones, hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no ha emitido comunicados al respecto, y la Secretaría de Marina no ha ofrecido declaraciones oficiales que aclaren la situación del vicealmirante ni las presuntas irregularidades al interior de la dependencia.
Diversos analistas advierten que este caso podría marcar un precedente dentro de las fuerzas armadas mexicanas, particularmente por el nivel jerárquico del funcionario señalado, que ha ocupado cargos de alta responsabilidad durante el actual gobierno.
Organizaciones civiles han exigido que se esclarezca la situación mediante una investigación imparcial y exhaustiva, y que se garantice la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en las instituciones castrenses, que en los últimos años han recibido facultades inéditas en áreas como construcción de infraestructura, seguridad pública y administración portuaria.