Un juez federal de Washington, James “Jeb” Boasberg, indicó el 3 de abril de 2025 que la administración de Donald Trump pudo haber actuado de mala fe al intentar deportar apresuradamente a migrantes venezolanos a El Salvador, antes de que un tribunal pudiera bloquear esas deportaciones.
Boasberg había ordenado previamente al gobierno que no deportara a personas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por Trump para justificar la deportación de los migrantes, alegando que pertenecían a la pandilla venezolana Tren de Aragua. El juez también instruyó que cualquier vuelo con venezolanos deportados regresara a Estados Unidos, pero esos vuelos siguieron adelante.
El Departamento de Justicia defendió la acción del gobierno, argumentando que la orden del juez no aplicaba a los vuelos ya en el aire y que el juez no tenía autoridad para exigir el regreso de los aviones. Sin embargo, Boasberg cuestionó las acciones del gobierno, sugiriendo que la rapidez con la que se llevaron a cabo las deportaciones indicaba una posible mala fe.
El caso refleja una creciente tensión entre el poder judicial y la Casa Blanca, especialmente en medio de la frustración de la administración Trump por las decisiones judiciales que bloquean varias políticas clave.