La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su rechazo a la decisión de la Fiscalía General del Estado de Querétaro de vincular a proceso penal a Esmeralda, una adolescente de 14 años que sufrió un aborto espontáneo. La Fiscalía busca imponerle una pena de tres años y solicita una “reparación de daños” de 500 mil pesos al padre del producto, a pesar de que este está señalado como el violador de la menor.
Durante una conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó que “no se debe criminalizar, y menos a una niña de 14 años”, subrayando la gravedad de la situación y el impacto que tiene en la vida de la joven. La mandataria indicó que el gobierno federal ofrece asesoría legal a la familia de Esmeralda y se mantiene en contacto con ellos para brindar el apoyo necesario.
Este caso ha suscitado un amplio debate sobre el tratamiento de las víctimas de abuso y las políticas públicas relacionadas con la violencia de género en México. La respuesta de la administración federal refleja una postura firme en defensa de los derechos de las menores y una crítica a las acciones de las autoridades locales.
La situación de Esmeralda pone de relieve la urgente necesidad de revisar y reformar el sistema judicial para proteger a las víctimas y evitar su revictimización, así como para asegurar que se haga justicia en casos de violencia sexual.
