Guanajuato, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN) desde hace 32 años, no sólo es el estado más violento del país (cerró 2023 con 3 mil 104 homicidios dolosos), sino donde el crimen organizado más se ha ensañado con las buscadoras de personas desaparecidas y defensores de derechos humanos: de 2020 a 2023 se perpetraron en la entidad al menos siete asesinatos.
La agresión más reciente fue cometida la noche del martes en el municipio de Salamanca, donde un comando secuestró a la buscadora Lorenza Cano, quien intentaba encontrar a su hermano José, desaparecido el 17 de agosto de 2018.
Antes de llevarse a la integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato, los sicarios mataron a su esposo y a su hijo y dejaron viva a su nuera.
Este miércoles, colectivos de familiares de personas desaparecidas exigieron a las autoridades federales y de Guanajuato acciones inmediatas para localizar a Lorenza Cano; a su vez, el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez pidió al fiscal estatal, Carlos Zamarripa, esclarecer si el ataque fue en represalia por su activismo.
En noviembre de 2023, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que durante los primeros 11 meses de ese año documentó en el país 13 homicidios de defensores de los derechos humanos que tendrían relación con su labor, tres de ellos en Michoacán y dos en Guanajuato, incluido el de la madre buscadora Teresa Magueyal, en Celaya.
