En el segundo día de comparecencia ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el Estado mexicano reconoció que ha faltado ampliar el acceso a la justicia para las personas víctimas de este delito, ya que a pesar de que hay un aumento de judicialización de casos, sigue siendo bajo comparado con las más de 111 mil personas reportadas como desaparecidas. Además, admitió que aún no se cuenta con el reglamento para la ley general en la materia ni para la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
En Ginebra, Suiza, Roberto de León, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que de acuerdo con información proporcionada por poderes judiciales de los estados, de 2018 a la fecha se han judicializado mil 193 averiguaciones y carpetas, de las cuales en 271 ya se dictó una sentencia: 218 condenas y 53 absoluciones.
“Lo interesante es que esto refleja que a nivel local, casi el 20 por ciento de los casos judicializados han concluido con una condena”, enfatizó. Asimismo, reiteró que todas las entidades federativas cuentan con una fiscalía especializada o una unidad en materia de desaparición forzada, por lo que se espera “que estos porcentajes sigan aumentando paulatinamente”.
Al respecto, la relatora Carmen Rosa Villa Quintana subrayó que la cantidad de personas desaparecidas, más de 111 mil, “no cuadran” con el número de investigaciones, “siguen siendo mucho menores”.
