El 20 de febrero de 2025, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 40 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de reforzar la soberanía nacional y prohibir explícitamente cualquier intento de intervención extranjera en el país. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum detalló que la reforma tiene como propósito garantizar que México no sea sometido a ninguna forma de injerencia externa, dejando claro que el país defenderá su independencia, integridad y soberanía en todos los ámbitos.
En su intervención, la Presidenta destacó que la reforma a los artículos 40 y 19 se basará en dos puntos clave. El primer párrafo del artículo 40 se modificará para establecer que “bajo ninguna circunstancia, México aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación”. Además, se especificará que el país no tolerará intervenciones en su territorio, ya sea por tierra, agua, mar o espacio aéreo, ni en sus procesos políticos como golpes de Estado o injerencia en elecciones. En cuanto al segundo párrafo, se añadirá que México no consentirá ninguna intervención en investigaciones o persecuciones, salvo que exista una autorización y colaboración expresa del Estado Mexicano, en el marco de las leyes aplicables.
Por otro lado, se propondrá una modificación al artículo 19 para establecer que cualquier persona, ya sea nacional o extranjera, involucrada en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación ilegal de armas al territorio nacional, será penalizada con la pena más severa posible. Además, se agregará la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para aquellos involucrados en este tipo de delitos. Esta reforma busca responder a los altos índices de violencia derivados del tráfico ilegal de armas y enviar un mensaje claro de que México no tolerará estos actos.
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para hablar sobre la reciente decisión de Estados Unidos de designar a varios grupos de la delincuencia organizada como grupos terroristas. La Presidenta subrayó que, aunque México está dispuesto a colaborar y coordinar esfuerzos con otros países, como Estados Unidos, no aceptará subordinación ni injerencia en su soberanía. Reiteró que México no negociará su soberanía, y que la cooperación debe basarse en el respeto mutuo y la no intervención. “Con México es colaboración y coordinación, nunca subordinación, no injerencismo y menos invasión”, afirmó.
En relación con el combate al tráfico de armas, Sheinbaum también adelantó que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ampliará la demanda contra las productoras y distribuidoras de armas en Estados Unidos. La demanda tiene como base la Evaluación Nacional del Comercio y Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA), que reconoce que el 74% de las armas utilizadas por la delincuencia organizada en México provienen de manera ilegal de la industria armamentista estadounidense. En este sentido, se ampliará la demanda por complicidad de aquellas empresas que fabriquen y distribuyan armas que luego son introducidas de forma ilegal en territorio mexicano.
La Presidenta resaltó que México continuará siendo un país libre, independiente y soberano, y que la relación con otros países, especialmente con Estados Unidos, debe basarse en el principio de cooperación y coordinación, sin comprometer la autonomía del país. También recordó que el gobierno de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, había implementado cambios en la Ley de Seguridad Nacional para dejar en claro que la colaboración con otros países debe ser siempre en un marco de respeto a las leyes mexicanas y sin violaciones a la soberanía.
Sheinbaum concluyó su intervención firmando la iniciativa de reforma, acompañada por la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy Ramos, y la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez. De esta manera, la iniciativa fue formalmente presentada al Congreso de la Unión para su análisis y posible aprobación, como parte del compromiso del gobierno mexicano con la protección de su soberanía y seguridad.
