Los habitantes de la comunidad de Frontera Coroza, Ocosingo, mantenían hasta la noche de este jueves el acuerdo de no liberar a ocho policías estatales, entre ellos una mujer, “resguardados” en la localidad desde el 12 de este mes, informó Paulino Ramírez, uno de los comisionados para las negociaciones con los gobiernos federal y estatal.
Agregó que igualmente seguirán “resguardados, no retenidos”, 35 pobladores de la comunidad señalados de participar en acciones ilícitas.
“Lo que estamos exigiendo para liberarlos es que se agilice la orden de aprehensión en contra del maleante Cabrero Segundo López que está en el crucero San Javier”, situado a 30 kilómetros de Frontera Corozal, afirmó.
“También estanos demandando que el gobierno federal envíe a las fuerzas de seguridad al crucero San Javier o que se lleven a ese maleante porque es el paso de este pueblo. Para ir a Palenque tenemos que pasar por ese punto, donde extorsionan a la gente, la tablean, cobran derecho de piso y muchas cosas más”, dijo.
Comentó que cinco de los ocho agentes, entre ellos la mujer, fueron separados del grupo el miércoles, les devolvieron sus teléfonos y se les permitió comunicarse con sus familiares.
“De los ocho policías, tres están señalados por habitantes de la comunidad, entre ellos taxistas; están presuntamente coludidos (con los delincuentes). Los otros cinco fueron engañados, los trajeron de Tuxtla Gutiérrez para un evento”.
Abundó: “La ruta fue de la siguiente manera: los trajeron de Tuxtla Gutiérrez a Palenque, de ahí a Nueva Palestina y los de San Javier, donde están los maleantes los fueron buscar a Palestina para llevarlos a San Javier como carne de cañón a Frontera Corozal”, situada en la selva Lacandona, en los límites con Guatemala.
