Las denuncias acerca de la presencia de hombres armados y el cobro de derecho de piso en el área de la zona arqueológica de Bonampak “nos da la razón de que en comunidades lacandonas operan grupos del narcotráfico que han generado violencia”, afirmó Esquivel Cruz González, presidente de la comisión para la paz en la localidad de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo.
“El gobierno tiene que actuar, pues ya no hay otra puerta de salida, tiene que restablecer el orden, es la única opción que queda, tomar en serio lo que hemos venido denunciando y no es capricho de Frontera Corozal el movimiento de denuncia que iniciamos el 11 de octubre, sino la exigencia de todo un pueblo que quiere seguridad”, agregó.
Entrevistado en esta ciudad, señaló que restablecer el orden en la llamada comunidad lacandona, integrada por varias localidades, “significa detener a los dirigentes de los grupos que están operando; el gobierno tiene que ir de raíz para controlar la inseguridad”.
Recordó que a causa de la violencia, la inseguridad y la intención de grupos de narcotraficantes de cobrar derecho de piso en Frontera Corozal, situada en la selva Lacandona, los 10 mil pobladores iniciaron un movimiento que incluyó marchas, mítines, retención de policías estatales y otras protestas para denunciar la violencia y la inseguridad.
Prestadores de servicios turísticos han denunciado recientemente que indígenas lacandones armados de Lacanjá Chansayab cobran derecho de piso para permitir visitar la zona arqueológica de Bonampak, situada en esa zona, por lo que algunas agencias de viaje decidieron suspender los recorridos.
