Nora Ruvalcaba Gámez, senadora de Morena por Aguascalientes, encabezó una reunión con empresarias y empresarios locales para presentar los detalles de la reforma constitucional que propone un nuevo sistema de vivienda con orientación social y en beneficio de las y los trabajadores de México.
Durante su intervención, la senadora destacó algunos datos reveladores proporcionados por el INEGI, los cuales reflejan la situación crítica que enfrenta el sector de la vivienda en México.
Según el INEGI, más del 58% de las viviendas en el país necesitan construcción, ampliación o mejoramiento, lo que muestra la gran brecha que existe en términos de calidad de vida en los hogares mexicanos. A esto se suma que el 24.6% de las viviendas particulares tienen más de 31 años de antigüedad, lo que representa no solo un reto en términos de infraestructura, sino también de habitabilidad.
Un dato aún más alarmante es que el 51% de las familias mexicanas viven en viviendas alquiladas debido a la falta de recursos suficientes para adquirir una propiedad. Este contexto es parte del déficit de 8.2 millones de viviendas que existe en el país, un déficit que afecta a miles de familias que luchan por acceder a un hogar digno. Además, 16.4% de las viviendas en México son arrendadas, lo que demuestra una clara necesidad de ofrecer opciones accesibles para la población.
Bajo este contexto, Ruvalcaba Gámez explicó los componentes clave de la vivienda con orientación social, un modelo que no solo aborda la escasez de viviendas, sino que busca transformar la forma en que se construye y se distribuye la vivienda en México. Estos componentes incluyen:
- Faculta al INFONAVIT para construir vivienda.
- Prevé las bases para acceso a crédito y vivienda.
- Incorpora un lenguaje inclusivo.
- Establece la adquisición de suelo.
- Contempla límites a la modalidad de arrendamiento.
- Brinda preferencias a contribuyentes con mayor antigüedad que no sean propietarios.
Finalmente, Ruvalcaba enfatizó que este modelo de vivienda con orientación social busca no solo resolver el déficit habitacional, sino también garantizar que las viviendas sean parte de un proyecto de desarrollo urbano más amplio, en el que las y los trabajadores puedan vivir de manera más digna, conectada y sostenible.