El Gobierno de México ofreció una disculpa pública a familiares de víctimas de seis feminicidios y la desaparición de una bebé que sucedieron hace más de 20 años y que no han sido resueltos, en un acto Ciudad Juárez, epicentro de la violencia feminicida en México.
La disculpa pública ocurrió dos días antes del Día Internacional de la Mujer atendiendo una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el acto fue realizado en el Memorial del Campo Algodonero en Ciudad Juárez, donde fueron encontradas 8 mujeres asesinadas hace más de dos décadas.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Interior), Félix Arturo Medina Padilla, declaró que el Estado mexicano reconoce que “no hizo lo que tenía que hacer cuando se dieron estos lamentables hechos, aunque sea dos décadas después”.
Las autoridades pidieron la disculpa pública a Julia Caldera Chávez, madre de María Elena Chávez Caldera asesinada en el 2000; Paula Flores Bonilla, madre de María Sagrario González Flores, asesinada en 1998; Irma Pérez Franco, madre de Olga Alicia Carrillo Pérez, asesinada en 1995, y Juana Rodríguez Bermúdez, madre de Brenda Berenice Rodríguez Bermúdez, víctima de feminicidio en 2003.
La disculpa también incluyó a María de la Soledad Aguilar Peralta y Nidia Lead, madre y tía de Cecilia Covarrubias Aguilar, asesinada en 1995, así como de la bebé Ibarra Covarrubias desaparecida desde 1995; Ramona Morales Huerta y Silvia Elena Rivera Ceballos, madre y sobrina de Silvia Elena Rivera Morales, víctima de feminicidio en 1995.
La disculpa pública es consecuencia del Informe de fondo 288/21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que además exige acciones para resolver los casos y evitar nuevos crímenes contra mujeres.
“El Estado falló en proteger la vida, la integridad personal, la libertad, la personalidad jurídica, las garantías judiciales, la honra y la protección judicial de las víctimas, y además vulneró los derechos humanos de los familiares que no han dejado de exigir justicia”, dijo el subsecretario.
“Reconocemos que el Estado mexicano violó el derecho fundamental de estas niñas a la vida, no sólo las autoridades no les protegieron, sino que en muchos casos fueron las que perpetraron o toleraron la violencia, y fueron víctimas de por lo menos una triple vulnerabilidad, por ser mujeres, por ser jóvenes y por vivir en un ambiente de pobreza”, reconoció.
