Para legisladores federales y candidatos presidenciales en la contienda electoral estadunidense que culminará en noviembre, amenazar con invadir o emplear fuerza militar en México sigue funcionando -sobre todo si los medios cooperan- para demostrar “firmeza” ante la crisis y la falta de capacidad de responder ante la epidemia de los opioides o de promover una política integral ante el desafío del flujo migratorio internacional.
A falta de respuestas reales a las crisis en casa, nada más fácil que echarle la culpa a los vecinos y anunciar iniciativas cuyo único propósito es su efecto político-electoral. Hay mucho teatro y pocos hechos en la faena política legislativa.
Durante todo el año pasado, el Congreso aprobó sólo 27 proyectos legislativos que fueron promulgados en ley -el número más bajo desde los años treinta. Pero decenas de miles de iniciativas legislativas han sido introducidas al Congreso, la gran mayoría sin ninguna expectativa de que se convertirán en ley. Muchas son formas de expresión en el juego político, y demasiadas son diseñadas para captar la atención de medios para darles aún más vuelo aunque no llegarán a ningún lugar. Por ello, a veces lo más extremo o loco funciona con la ayuda de los medios.
Uno de los expertos en esta táctica es el diputado republicano de Alabama, Tom Cotton, quien la semana pasada introdujo un proyecto de ley que, si llegara a ser promulgado, obligaría al Pentágono a rendir un informe cada 90 días sobre sus esfuerzos para “eliminar” el liderazgo del cártel Jalisco Nueva Generación. El proyecto de la Ley de Eliminación del Cártel de Jalisco, no logró la atención de los medios estadunidenses, aunque algunos extranjeros decidieron resaltarlo. La iniciativa sigue en los sitios de Internet de Cotton y su colega texano Morgan Luttrell, quien dijo que ese cártel “necesita ser desmantelado para salvaguardar al pueblo estadunidense”, y enfatizó que las “fuerzas armadas de Estados Unidos deben estar preparadas para confrontar y eliminar al cártel de Jalisco”.
