Seis años pasaron para que las madres de los jóvenes Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Organista Ballesteros, pudieran recuperar sus cuerpos, después que del 18 de febrero de 2018 fueran víctimas de los delitos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina-Armada de México.
Peritos de la Fiscalía General de la República realizaron la exhumación de los restos humanos de ambos jóvenes para la realización de pruebas genéticas y antropológicas que confirmen su identidad plenamente, a petición de la Fiscalía Especial de Investigación en Delitos de Desaparición Forzada en donde se integra la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/000305/2018, a cargo de la agente del Ministerio Público de la Federación Cinthya Nayeli Banda Ferrer.
Los restos humanos de Jonathan y Noé Ignacio permanecieron en una fosa común del panteón Municipal II de Nuevo Laredo desde Mayo del 2018 cuando fueron sepultados en “calidad de desconocidos” (NN1 y NN2), luego de que un Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia del Estado de Tamaulipas ocultara a sus familiares su hallazgo y características, cuando fueron encontrados semienterrados, un mes antes, en un predio particular ubicado en la carretera federal Nuevo Laredo-Colombia.
A los marinos que participaron en estas detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales no les importó que Jonathan fuera menor de edad, apenas tenía 17 años, mientras que Noé Ignacio Alférez Hernández contaba con 25 años. Otras víctimas de esta cacería atroz corresponden a tres mujeres y dos menores de edad para un total de 47 víctimas, algunas procedentes de los estados de Oaxaca, Coahuila y Nuevo León.
