Como vía rápida y aprovechando su mayoría contra la Oposición, Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron, nueve polémicas reformas de la agenda del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en una sesión maratónica que inició el martes y terminó el miércoles.
En la sesión, el Pleno avaló reformas que desaparecen instituciones, favorecen al Tren Maya y fortalecen el control militar del espacio aéreo y vías férreas, entre otras.
Todas las iniciativas irán al Senado para su aval y sólo requieren de una mayoría simple.
El año electoral inicia en septiembre próximo, por lo que Morena aceleró la aprobación de las iniciativas del Ejecutivo, para que no dejar pendientes al comenzar el próximo periodo ordinario de sesiones.
A pesar de que Morena tiene mayoría para aprobar en comisiones los temas de la agenda presidencial, recurrió en el pleno a la dispensa de trámites en iniciativas recién presentadas, práctica poco común en anteriores legislaturas.
De un jalón, dio albazo con cuatro iniciativas, entre ellas la desaparición del Insabi, cuyo costo asumió el diputado Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud; y las iniciativas del Ejecutivo para garantizar que el Tren Maya cuente con una asignación en uso de vías férreas que el Gobierno podrá otorgar por tiempo indefinido y para reorientar recursos del (Fonatur) a una paraestatal a cargo de militares que administrará y operará el proyecto.
También se extinguió la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Finrural).
Incumpliendo la promesa de organizar un parlamento abierto y provocando indignación entre la comunidad científica, fue aprobada la Ley de Ciencia, que elimina el Conacyt y crea el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; además considera nuevas directrices, como comportamiento ético, para la evaluación de los académicos que quieran integrar el Sistema Nacional de Investigadores.
También salió apresuradamente, la reforma que otorga a la Secretaría de la Función Pública atribuciones para planear y ejecutar las contrataciones del Gobierno federal, al tiempo de realizar también las auditorías a tales procesos.
La única reforma que salió por consenso fue la que aumenta hasta nueve años de cárcel las sanciones a los llamados «montadeudas».
