EE. UU. sanciona a “Los Chapitos” por tráfico de fentanilo.
El Gobierno de Estados Unidos sancionó este lunes a la red criminal conocida como Los Chapitos, vinculada al Cártel de Sinaloa, por su papel en la producción y tráfico ilegal de fentanilo hacia territorio estadounidense, así como por su presunta implicación en el asesinato del exmarine Nicholas Quets, ocurrido en octubre de 2024 en el estado mexicano de Sonora.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, impuso sanciones a los hermanos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes lideran esta facción del cártel y actualmente se encuentran prófugos. A través del Programa de Recompensas por Narcóticos, el gobierno estadounidense ofrece hasta 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto y condena de cada uno.
Según el comunicado oficial, los laboratorios operados por Los Chapitos están involucrados en la producción de pastillas falsificadas que contienen fentanilo, una droga altamente letal responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Estas pastillas son introducidas por rutas del Cártel de Sinaloa y distribuidas en el mercado ilegal estadounidense.
Además, el Departamento del Tesoro señaló que hombres armados afiliados a esta red criminal estuvieron involucrados en el asesinato del exmilitar Quets, lo que ha elevado aún más la presión del gobierno estadounidense contra la organización.
“Los Chapitos son una facción poderosa e hiperviolenta del Cártel de Sinaloa, líder del tráfico de fentanilo a Estados Unidos”, declaró Scott Bessent, secretario del Tesoro. “Estamos cumpliendo el mandato del presidente Donald Trump de eliminar por completo los cárteles de la droga y combatir a líderes violentos como los hijos de ‘El Chapo’”.
Las sanciones también se extendieron a una red de socios y empresas con sede en Mazatlán, Sinaloa, acusadas de colaborar en actividades de narcotráfico, extorsión, secuestro y lavado de dinero. Como consecuencia, todos los activos e intereses de las personas y entidades sancionadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense han sido congelados, y las instituciones financieras deben reportarlos a la OFAC.
Esta acción forma parte de una estrategia coordinada con la DEA (Administración para el Control de Drogas) y representa la novena medida tomada desde el inicio del segundo mandato de Trump, el pasado 20 de enero, para frenar el narcotráfico y la trata de personas en la frontera con México.
“Seguiremos protegiendo a nuestra nación manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos que financian la actividad violenta y criminal de los cárteles con sede en México”, afirmó Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado.