El gobierno de Donald Trump eliminó los números de Seguro Social de 6.300 migrantes legales, registrándolos erróneamente como fallecidos en el “archivo maestro de defunciones”. Esta medida los priva de la identificación necesaria para trabajar, acceder a servicios bancarios y recibir beneficios. La administración busca presionar a los migrantes a “autodeportarse” al cortarles el acceso a recursos económicos.
Aunque algunos de los afectados tienen antecedentes penales, la lista también incluye a niños y menores de edad. La medida ha sido muy criticada por violar leyes de privacidad y por su impacto en la vida de miles de personas que ahora son tratadas como muertos por agencias federales y empresas. La administración también planea compartir información de estos migrantes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), facilitando su deportación.