Weinberg Pinto, señalado por lavado de dinero vinculado a García Luna a través de empresa tequilera en EE.UU.
La red de corrupción que involucra al ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, ha generado repercusiones más allá del ámbito penal. Ahora, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, señalado por el gobierno mexicano como presunto socio y prestanombres de García Luna, enfrenta un proceso judicial en Florida por lavado de dinero mediante una marca de tequila.
La empresa Blue Agave Imports, LLC, operada por empresarios floridanos Rafael Reyes Sr., Rafael Reyes Jr. y Javier Reyes, demandó a Weinberg Pinto por inducción fraudulenta e incumplimiento de contrato. La firma, creada para representar comercialmente a Tequila Revolución en EE.UU., alega que fue utilizada como vehículo para lavar dinero derivado de contratos inflados otorgados durante la gestión de García Luna.
La demanda, presentada en la misma corte donde se juzgó a García Luna, afirma que Weinberg Pinto usó a Tequila Revolución para ocultar y transferir fondos ilícitos, sin conocimiento de Blue Agave. El acuerdo de representación de marca fue firmado el 26 de agosto de 2015, pero los señalamientos de lavado se remontan a 2013, cuando presuntamente ya se habían transferido más de 150 mil dólares a través de cuentas relacionadas con la firma de tequila hacia W. Gourmet Group LLC, también administrada por Weinberg Pinto.
“El acusado ha entrelazado tanto sus asuntos personales, criminales y financieros con los de Tequila Revolución que la empresa era, y es, el alter ego del acusado”, se lee en la denuncia.
La acción legal entre privados se produce un año después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México demandara a García Luna y sus presuntos cómplices –entre ellos Mauricio Samuel Weinberg López y el propio Alexis Weinberg Pinto– por desvío de recursos públicos mediante contratos en seguridad y tecnología.
Tequila Revolución continúa en circulación, con precios superiores a los mil pesos por botella, pero ahora se encuentra bajo el escrutinio de la justicia por su presunto uso como canal de blanqueo de capitales en una red que habría ocultado más de 250 millones de dólares robados al erario mexicano.