El alcalde del municipio capital Leonardo Montañez expresó que el ayuntamiento propondrá al congreso del estado una iniciativa de modificación a los artículos 141 y 142 del código penal para poder sancionar hasta con 100 unidades de medida además de una pena de prisión de 3 a 5 años a quien comercialice o tenga posesión de bienes públicos como caimanes y tapas de pozos.
El mandatario señala que la problemática no sólo el hecho de que se están reparando y reponiendo constantemente estos bienes, sino el daño al patrimonio que pudieran generarle a los ciudadanos cuando un vehículo o un ciclista pudieran estar en riesgo, exponiendo la integridad de las personas.