Durante los últimos 13 años no ha habido una sola sentencia en firme por el homicidio de una decena de funcionarios del Poder Judicial Federal y, en siete de esos casos, ni siquiera hay detenidos.
Hasta el monento sólo en tres de esas investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió detener a presuntos implicados en los crímenes, pero ninguno ha sido sentenciado con pena de prisión por homicidio. Al grado de que, algunos han sido absueltos.
Recordemos que en septiembre de 2015, unos sicarios dispararon contra Joel Fernando Tinajero Jiménez, Juez Primero de Distrito en materia Administrativa y de Trabajo en Jalisco, cuando llegaba a su domicilio de Zapopan y no hubo detenidos.
Expertos advirtieron que las constantes acusaciones de las que actualmente son objeto los juzgadores federales desde el Gobierno federal, contribuyen a crear un ambiente de inseguridad contra ellos.
Al respecto, Jaime Sánchez Alor, director de Políticas para América Latina del Vance Center for International Justice dijo que, “Los ataques a la seguridad física y a la integridad de los jueces son muy graves, pero los ataques a la independencia judicial y al trabajo de los jueces son igualmente graves, porque no necesitan afectar la integridad física de alguien para hacer una amenaza o para tenerlo intimidado”.
Para Estefanía Medina, directora de «Tojil, Estrategia contra la Impunidad», el hecho de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haga señalamientos graves contra jueces e incluso contra la presidenta de la Corte, legitima a otras personas para que se sientan con capacidad de atacar a los ministros.
“Permea hacia todas las instancias judiciales en el País. Y creo que la narrativa en contra de los jueces se está trasladando de las palabras a los ataques físicos y eso demerita nuestra democracia y afecta la división entre los poderes”, mencionó.
Sánchez Alor agregó que es muy grave cuando un juez es atacado por el crimen organizado, pero es doblemente grave cuando la persecución se da desde el mismo Estado.
