El presidente Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una adenda a la reforma constitucional del Poder Judicial para ofrecer una mayor protección a jueces y magistrados que manejen casos relacionados con el crimen organizado. En su conferencia matutina, López Obrador admitió que no se incluyó en la reforma inicial un mecanismo adecuado para salvaguardar a los magistrados y sus familias.
El mandatario destacó que es crucial implementar medidas específicas para proteger a estos servidores públicos debido a las amenazas y presiones a las que están expuestos. Subrayó que la próxima Legislatura, que tomará posesión el 1 de septiembre, debe considerar este añadido para garantizar la seguridad de los jueces que tratan asuntos de delincuencia organizada.
López Obrador comparó la situación con la de los policías estatales y municipales, quienes también enfrentan riesgos significativos debido a su proximidad con la comunidad y el conocimiento que los grupos criminales tienen sobre ellos y sus familias. En contraste, los elementos de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, al tener menor visibilidad local, están menos expuestos a estas amenazas.
El presidente insistió en la necesidad de buscar un mecanismo efectivo para proteger a los jueces y magistrados, similar a las medidas implementadas para las fuerzas de seguridad, para asegurar que puedan cumplir con su labor sin temor a represalias.
