Las autoridades norteamericanas lo señalan de recibir dos millones de dólares para liberar a un presunto operador del cártel liderado por el exatleta olímpico Ryan James Wedding.
En una operación coordinada a nivel internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la captura en Colombia del juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara. La detención se ejecutó en cumplimiento de una ficha roja emitida por la Interpol, derivada de una orden de arresto girada por un tribunal estadounidense que lo acusa de corrupción y vínculos con el crimen organizado transnacional.
Benítez Alcántara, quien durante ocho años se desempeñó como juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, era una figura conocida en el sistema penal acusatorio por haber encabezado audiencias en expedientes de alto impacto mediático y político, entre ellos las investigaciones del programa de espionaje Pegasus, la Estafa Maestra y los procesos contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.
El soborno tras la liberación de Andrew Clark
De acuerdo con las acusaciones formalizadas por los fiscales norteamericanos, el juzgador habría recibido un soborno cercano a los dos millones de dólares. A cambio de esta cifra, Benítez Alcántara habría ordenado en 2025 la liberación de Andrew Clark, ciudadano canadiense identificado por las agencias de inteligencia como el segundo al mando en la red criminal dirigida por el exatleta olímpico Ryan James Wedding, presunto líder de una organización dedicada al tráfico masivo de drogas a escala internacional.
El caso ha provocado una inmediata sacudida en las instituciones financieras y judiciales de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) procedió al bloqueo inmediato de las cuentas bancarias del juzgador como parte de las medidas cautelares en curso.
Mantenía cargo activo y sumaba investigaciones previas
Por su parte, el Tribunal de Disciplina Judicial confirmó que Benítez Alcántara se encontraba como servidor público en activo al momento de su aprehensión en territorio colombiano.
Asimismo, el órgano judicial detalló que el funcionario acumulaba cuatro investigaciones abiertas ante el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas (OIRA) por quejas administrativas interpuestas con anterioridad. A estos expedientes se sumó formalmente un quinto procedimiento administrativo derivado de las revelaciones de la justicia estadounidense sobre los presuntos sobornos vinculados al caso de Andrew Clark.
Se espera que en los próximos días las autoridades estadounidenses inicien formalmente los trámites de extradición desde Colombia para que el juez mexicano comparezca ante las cortes de ese país.