El deterioro de contrapesos e injerencia ejecutiva impulsan una erosión institucional global que impacta a más del 60% de los países evaluados
El Estado de derecho a nivel global atraviesa por un proceso de erosión institucional sostenido. De acuerdo con la más reciente edición del Índice de Estado de Derecho 2026, presentado este miércoles por la organización World Justice Project (WJP), tanto México como Estados Unidos registraron retrocesos significativos en sus evaluaciones anuales, enmarcados en un deterioro generalizado que afectó al 62% de las naciones analizadas.
En la clasificación general, que abarca 143 países, México se posicionó en el lugar 121 tras sufrir una caída del 2.7% en su puntuación. El desempeño del país refleja una tendencia crítica en América Latina y el Caribe, donde 19 de las 32 naciones evaluadas mostraron un empeoramiento en sus indicadores.
Por su parte, Estados Unidos cayó tres posiciones para ubicarse en el lugar 30 global, tras registrar una reducción del 1.8% en su calificación. El reporte del WJP atribuye este descenso principalmente al debilitamiento del sistema de justicia civil —donde cayó diez lugares hasta el puesto 47—, la justicia penal (puesto 41) y los derechos fundamentales, rubro en el que descendió siete peldaños para colocarse en la casilla 49. Como contraste, el desempeño estadounidense más sólido se dio en el apartado de gobierno abierto, ocupando el puesto 20, seguido del indicador de ausencia de corrupción, donde se situó en el lugar 27.
Una crisis global de contrapesos
El informe destaca que el debilitamiento de las instituciones no es un fenómeno aislado. Factores como la injerencia gubernamental indebida en los sistemas de justicia, la extralimitación del Poder Ejecutivo y el debilitamiento progresivo de los contrapesos democráticos se identificaron como los motores principales de este declive a escala internacional.
“Ya no es solo una tendencia emergente, sino que se ha arraigado en muchas partes del mundo”, advirtió Alejandro Ponce, director ejecutivo del WJP, al reflexionar sobre los hallazgos del estudio.
El impacto es severo en el ámbito de los derechos civiles y las libertades públicas. A nivel global, el 67% de los países evaluados mostró retrocesos en la libertad de reunión y asociación; el 65% registró una menor participación ciudadana, y el 64% experimentó un deterioro en la libertad de opinión y expresión.
El Índice de Estado de Derecho del WJP se publica de forma anual desde 2009. Para la edición 2026, la medición se respaldó en un riguroso levantamiento de datos que incluyó más de 215 mil encuestas a hogares y la consulta a 3 mil 400 especialistas en derecho en todo el mundo.