La Cámara de Diputados debatirá una reforma integral impulsada por organizaciones civiles para garantizar atención oportuna, eliminar la discriminación financiera a sobrevivientes y consolidar un Registro Nacional de Cáncer.
En un esfuerzo por transformar la atención oncológica en el país, la Cámara de Diputados se alista para debatir una reforma sanitaria que busca fijar un plazo máximo de 60 días para que los pacientes diagnosticados con cáncer inicien su tratamiento en el sistema de salud pública.
La iniciativa es impulsada por la Comisión para la Atención Integral del Cáncer en México (Caic) —una alianza que agrupa a 38 organizaciones de la sociedad civil— y ya fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Salud de la Cámara Baja, contando además con el respaldo de la Junta de Coordinación Política.
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Mario Zenteno Santaella, confirmó a la agencia EFE que se prevé llevar el dictamen al pleno a partir del 15 de noviembre, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones a mediados de diciembre.
“La salud no es una mercancía y los ciudadanos no son clientes, son seres humanos”, enfatizó Zenteno, al defender la urgencia de garantizar la continuidad de la atención médica a nivel nacional.
Un sistema nacional de control y cero demoras
Uno de los pilares de la propuesta es fortalecer y transformar el Registro Nacional de Cáncer para que pase de ser un simple instrumento estadístico a una herramienta obligatoria de interés público. Con el liderazgo técnico del Instituto Nacional de Cancerología (Incan), se busca que las decisiones sobre la compra de medicamentos, tratamientos y medicina de precisión se basen en evidencia científica y datos reales de los pacientes.
Elisa Puente, vocera de la Caic, destacó que la norma contempla mecanismos de derivación para que, si una unidad médica no cuenta con la capacidad suficiente para atender a un paciente diagnosticado, este sea remitido de inmediato a otra institución sin perder tiempo vital.
Asimismo, la iniciativa busca dar respuesta a problemas estructurales del sector sanitario, tales como:
La escasez recurrente de medicamentos oncológicos.
Las deficiencias en la formación y capacitación del personal sanitario.
Las marcadas desigualdades territoriales en el acceso a la salud.
Protección a sobrevivientes y continuidad médica infantil
La reforma abarca además dos aspectos sociales fundamentales:
Derecho al olvido oncológico: Establece medidas para evitar que las personas que han superado con éxito la enfermedad enfrenten discriminación financiera al intentar acceder a créditos, seguros u otros productos bancarios.
Continuidad en cáncer infantil: Garantiza que los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad durante su proceso médico no sufran interrupciones en su atención al cambiar de esquema institucional.
En México, el Incan registra 96,210 muertes anuales a causa del cáncer. Ante este panorama, el director general de la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús (Futeje), Francisco Freiria, subrayó que el objetivo de las organizaciones es lograr un sistema integral que cubra desde la prevención y el diagnóstico temprano hasta el tratamiento y los cuidados paliativos, independientemente de la región donde resida el paciente.