La administración estadounidense incrementó las recompensas y revocó visados a decenas de allegados a la organización criminal en el marco de la lucha contra el fentanilo.
El Gobierno de Estados Unidos anunció una bolsa de recompensas que supera los 100 millones de dólares a cambio de información que conduzca a la detención de altos mandos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida se da en el contexto del combate al narcotráfico emprendido por la administración del presidente Donald Trump, la cual catalogó a la organización mexicana como grupo terrorista.
Entre los objetivos prioritarios destaca Juan Carlos Valencia González, alias ‘Pelón’, presunto sucesor del fundador del cártel, Nemesio Oseguera Cervantes (‘el Mencho’), abatido en febrero por las Fuerzas Armadas mexicanas. Por Valencia González, el Departamento de Estado elevó la recompensa de 20 a 25 millones de dólares.
Asimismo, las autoridades estadounidenses ofrecen hasta 15 millones de dólares por cada uno de los siguientes mandos: Audias Flores Silva (‘el Jardinero’), Gonzalo Mendoza Gaytán (‘el Sapo’) y Julio Alberto Castillo Rodríguez (‘el Chorro’), este último yerno de Oseguera Cervantes.
En un segundo plano de recompensas, se fijó una suma de hasta 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco (‘el Tripa’), Julio César Montero Pinzón (‘el Tarjetas’) y Carlos Andrés Rivera Varela (‘la Firma’), mientras que por Griselda Margarita Arredondo Pinzón se ofrecen hasta dos millones de dólares.
Sanciones migratorias a familiares y socios
Como parte del operativo contra la estructura operativa del CJNG, el Departamento de Estado restringió la entrada a territorio estadounidense a 65 personas vinculadas familiar o comercialmente con el grupo criminal. Entre los sancionados se encuentran 26 individuos a quienes les fueron revocadas sus visados vigentes.
Tensión bilateral por fentanilo y soberanía
El endurecimiento de las medidas responde a la crisis por el consumo de fentanilo en Estados Unidos, opioide sintético al que se atribuyen cifras récord de fallecimientos por sobredosis en años recientes.
Tras clasificar a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, el Gobierno de Trump ha planteado la posibilidad de llevar a cabo intervenciones o ataques directos contra estos grupos dentro de México. Dicha postura ha sido rechazada categóricamente por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, quien sostiene que cualquier acción unilateral vulneraría la soberanía nacional.
Las presiones desde Washington tuvieron un antecedente clave el pasado 22 de febrero, cuando el Ejército mexicano abatió a Oseguera Cervantes durante un enfrentamiento militar en el estado de Jalisco.