Esteban Villegas atribuye a un problema de homonimia la revisión de su documento, en medio de un endurecimiento de los controles de EE. UU. hacia la clase política mexicana.
El gobernador de Durango, Esteban Villegas, confirmó de manera pública que su visa para ingresar a Estados Unidos se encuentra bajo una “alerta amarilla”. Según explicó el mandatario estatal, este estatus lo obliga a acudir directamente a un consulado estadounidense para resolver la situación, la cual atribuyó preliminarmente a un posible caso de homonimia (un error de identidad por compartir el mismo nombre con otra persona).
“Están revisando por qué brincó una alerta amarilla la última vez que pasé”, señaló el gobernador ante medios locales.
Con estas declaraciones, Villegas desmintió las versiones que circulaban sobre una presunta cancelación definitiva de su visado por parte del gobierno de Donald Trump, aunque no precisó la fecha exacta en la que se registró dicho incidente en la frontera.
Presión migratoria sobre funcionarios y legisladores
Este episodio no es aislado. Ocurre en un momento de notable endurecimiento en los criterios del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que ha intensificado la revisión y el retiro de permisos migratorios a diversos políticos, legisladores y funcionarios de distintas fuerzas políticas en México.
La atención sobre este fenómeno creció tras la filtración de una lista con nombres de figuras públicas de alto nivel que habrían sufrido la revocación o suspensión de sus documentos de viaje en semanas recientes. Entre los perfiles más destacados que han tenido que reconocer afectaciones en sus visados se encuentran los exgobernadores Carlos Joaquín González (Quintana Roo) y Alejandro Murat (Oaxaca), así como los legisladores federales Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal.
Impacto en la agenda binacional y tensiones políticas
La situación de Villegas evidencia la estricta vigilancia que enfrentan especialmente los gobernantes de los estados del norte del país, donde la dinámica fronteriza y comercial exige una validación constante de los perfiles políticos.
Estas restricciones han encendido alertas en el Congreso de la Unión, dado que la prohibición de entrada a territorio estadounidense frena misiones comerciales, reuniones de trabajo binacionales y encuentros de mandatarios fronterizos.
El clima de tensión en la relación bilateral también ha detonado roces internos. Recientemente, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, exigió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum la entrega del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusándolo de presuntos vínculos delictivos; un reclamo que la mandataria federal descartó etiquetándolo como “propaganda”, mientras el debate público se divide entre la defensa de la soberanía nacional y la preocupación por la influencia de Washington en la política interna.
Política de reserva en la Unión Americana
Fiel a su normativa interna, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene bajo estricta reserva los expedientes de visado por razones de privacidad y no emite comentarios sobre casos particulares. Este vacío de información oficial suele alimentar las especulaciones políticas sobre los verdaderos motivos detrás de cada revisión o sanción.
El caso del mandatario duranguense se suma así a un escenario de creciente incertidumbre respecto al rumbo de las relaciones diplomáticas y el alcance de los nuevos mecanismos de control migratorio aplicados a los liderazgos regionales de México.