Después de los múltiples posicionamientos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, el Colegio de Economistas, repartidores y otros organismos empresariales, la gobernadora Tere Jiménez decidió ejercer su derecho de veto total a la reforma aprobada en la sesión extraordinaria del pasado jueves 19 de febrero.
Esta reforma pretendía otorgar facultades de recaudación por el uso de la infraestructura pública y se aplicaba, en primera instancia, a las plataformas de reparto de comida como Rappi, Uber Eats y Didi Food, debido al uso de las vialidades de la ciudad para su actividad económica.
Al respecto, en entrevista para Más Que Radio, la presidenta del Colegio de Economistas, María del Carmen Corchado Reyes, ya había señalado que este impuesto no se debería cobrar, ya que las vialidades cuentan con recursos para su mantenimiento a través de la recaudación que ya se realiza tanto a ciudadanos como a empresas. Argumentó además que la medida podría generar afectaciones, pues las compañías modificarían sus algoritmos de cobro —de una forma que describió como poco transparente— para trasladar el aumento a los consumidores, incrementando los precios. Esto, dijo, podría ocasionar una disminución en el uso de las plataformas debido al aumento en los costos, así como una reducción en los ingresos de los repartidores, ya que algunos usuarios disminuirían la propina que aportan adicionalmente o simplemente dejarían de otorgarla.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Aguascalientes, Maricela Acosta, había expresado su preocupación debido a que las MiPyMEs que no cuentan con infraestructura propia de reparto podrían registrar menos ventas, ya que el uso de estas plataformas beneficia principalmente a este tipo de comercios. La representante del sector comercial en la entidad también manifestó su confianza en la sensibilidad de las autoridades para que la ley no fuera implementada, pues afectaría a los «pequeños negocios familiares que no cuentan con infraestructura para repartir sus mercancías».
Finalmente, este 26 de febrero, en sesión de la Diputación Permanente del Congreso del Estado, se dio lectura al veto ejercido por la gobernadora Tere Jiménez contra esta iniciativa, la cual fue desechada en su totalidad en atención a las demandas de los diversos sectores que expresaron su desacuerdo con la decisión de los legisladores.