Los aseguramientos de los últimos siete años incluyen casonas del ‘Chapo’ Guzmán, Caro Quintero, la esposa de Emilio Lozoya, la hija de José Luis Abarca y un ex directivo del SAT.
En los últimos siete años, el gobierno federal ha asegurado 57 propiedades —incluidas lujosas mansiones, fincas y terrenos— pertenecientes a narcotraficantes, exfuncionarios corruptos y familiares de políticos implicados en delitos graves como narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.
Desde la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio en 2019, las autoridades adquirieron nuevas facultades legales para confiscar bienes vinculados a actividades ilícitas. La Fiscalía General de la República (FGR) ha encabezado estos procedimientos, que han resultado en la recuperación de inmuebles valuados en millones de pesos.
Entre los confiscados se encuentran propiedades de figuras emblemáticas del crimen organizado como Joaquín “El Chapo” Guzmán y Rafael Caro Quintero, así como de personas relacionadas con escándalos de corrupción, como Marielle Helene Eckes, esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y la hija del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca.
También figura en la lista Héctor Taurino Landa Cabrera, exadministrador central del SAT, cuyo nombre pasó casi desapercibido hasta que fue vinculado a un proceso judicial.
Balance por año: lento pero constante
Una revisión de los edictos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) revela que el avance ha sido paulatino. En 2019, solo se aseguró un inmueble. Para 2020 fueron tres; en 2021, once; en 2022, catorce; en 2023, nueve; y en 2024 nuevamente catorce. En lo que va de 2025, ya van cinco propiedades aseguradas.
Pese a los nuevos recursos legales, el promedio anual de confiscaciones se mantiene en ocho propiedades por año, lo que evidencia tanto los avances como las limitaciones del sistema judicial en materia de extinción de dominio.
Bienes con historia y escándalo
Aunque la mayoría de los inmuebles pertenecían a ciudadanos poco conocidos, al menos 15 propiedades aseguradas están relacionadas con personajes mediáticos, cuyas historias han estado ligadas a los más grandes escándalos del país.
La extinción de dominio permite al Estado no solo privar a los criminales de los beneficios materiales obtenidos ilegalmente, sino también recuperar espacios para el uso público o subasta, aunque el destino final de estos bienes aún es materia de debate.
Con estos aseguramientos, las autoridades federales envían un mensaje claro: el patrimonio ilegal también será juzgado.