Juez bloquea orden de Trump que elimina ciudadanía por nacimiento en EE.UU.
Un juez federal en Nueva Hampshire anunció este jueves que certificará una demanda colectiva en contra de la orden ejecutiva del expresidente Donald Trump, que elimina el derecho a la ciudadanía automática por nacimiento en territorio estadounidense. Además, emitirá una orden judicial preliminar para bloquear la medida, señalando que privar a los recién nacidos de su ciudadanía constituye un daño irreparable.
El juez Joseph LaPlante confirmó su decisión al término de una audiencia de una hora, y adelantó que su fallo incluirá una suspensión de siete días para permitir que el Gobierno apele.
La orden ejecutiva, firmada en enero por Trump, niega la ciudadanía a bebés nacidos en Estados Unidos cuyos padres estén sin autorización legal o con estatus temporal, desafiando el principio del derecho de nacimiento consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución.
“Decenas de miles de bebés y sus padres podrían estar expuestos a innumerables daños en cuestión de semanas y necesitan una orden judicial ahora”, advirtieron los abogados de los demandantes, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
El caso fue presentado en nombre de una mujer embarazada, dos padres y sus bebés. Aunque los demandantes pidieron una demanda colectiva más amplia, el juez limitó su alcance únicamente a los niños afectados por la orden.
El gobierno defiende la medida; la Corte Suprema limita bloqueos
La administración Trump argumenta que la frase “sujetas a su jurisdicción” en la 14ª Enmienda permite negar la ciudadanía a hijos de personas en situación migratoria irregular. En documentos judiciales, los abogados del Gobierno alegaron que interpretaciones previas “han incentivado la migración ilegal” y afectado la soberanía y estabilidad económica del país.
No obstante, el juez LaPlante consideró esos argumentos poco convincentes, aunque “no frívolos”, y afirmó que la suspensión de la ciudadanía por nacimiento violaría derechos fundamentales.
El fallo se da en el contexto de una decisión reciente de la Corte Suprema, que el 27 de junio limitó el alcance nacional de las órdenes judiciales de tribunales inferiores, otorgando 30 días para que estos revisen sus medidas. Esto ha motivado que múltiples casos regresen a los tribunales, como en Washington y Maryland, donde organizaciones como CASA impulsan acciones legales similares.
Temor entre familias migrantes
Una de las demandantes es una mujer hondureña con solicitud de asilo pendiente, quien dará a luz en octubre. En su declaración ante el tribunal, expresó temor a que su hijo no sea reconocido como ciudadano:
“No quiero que mi hijo viva con miedo y escondiéndose… Temo que nuestra familia pueda estar en riesgo de separación”, escribió.
Otro caso es el de una pareja brasileña en Florida, que tuvo su primer hijo en marzo y actualmente solicita la residencia legal.
“Mi bebé tiene derecho a la ciudadanía y a un futuro en Estados Unidos”, sostuvo el padre.
La jueza a cargo del caso en Maryland tiene pendiente decidir sobre otra orden judicial nacional, mientras diversas organizaciones insisten en que esta política no debe ser implementada bajo ninguna circunstancia.