Gobierno de Trump ordena a Harvard entregar documentos sobre estudiantes extranjeros
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ordenó a la Universidad de Harvard entregar documentación relacionada con sus estudiantes extranjeros, argumentando que la institución se ha negado a hacerlo voluntariamente. La medida forma parte de una creciente tensión entre el gobierno del presidente Donald Trump y las universidades privadas de élite.
La orden, emitida mediante un requerimiento administrativo, fue anunciada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que depende del DHS. Según el comunicado, los documentos solicitados están vinculados al cumplimiento de las leyes migratorias desde el 1 de enero de 2020.
Acusaciones de falta de cooperación
La secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, acusó a Harvard de “permitir que estudiantes extranjeros abusen de sus privilegios de visado y defiendan la violencia y el terrorismo en los campus”, además de haber “rechazado cooperar” con peticiones previas de información.
Harvard, por su parte, respondió que ya había entregado información relevante en abril y mayo, aunque el Gobierno federal consideró esos documentos insuficientes. En consecuencia, se ordenó la prohibición de sus programas de intercambio y el veto a la entrada de estudiantes y académicos internacionales.
Litigios y bloqueos judiciales
La universidad presentó una demanda en junio contra la administración Trump para revertir la orden, y una jueza federal suspendió indefinidamente su ejecución mientras continúa el proceso legal. La institución también ha denunciado lo que considera una campaña de represalias por parte del Gobierno por su defensa de la autonomía académica.
Un portavoz de Harvard calificó el requerimiento como “injustificado” y parte de un intento de imponer “extralimitaciones sobre a quién pueden admitir y contratar las universidades privadas, y qué pueden enseñar”.
Financiación federal congelada
La disputa ocurre en paralelo a otra demanda de Harvard para recuperar cerca de 2 mil millones de dólares en fondos federales congelados, luego de que el ‘Grupo de Trabajo Federal para Combatir el Antisemitismo’, impulsado por la Casa Blanca, acusara a la universidad de promover prácticas discriminatorias y limitar la “diversidad de ideas”.
Advertencia a otras universidades
El DHS defendió la legalidad del requerimiento administrativo y lo calificó como su “única opción” para obtener la información requerida. Asimismo, advirtió a otras universidades que podrían enfrentar acciones similares si no cumplen con las solicitudes del Gobierno.