ONU acusa a más de 60 empresas de lucrar con el conflicto en Gaza y Cisjordania.
La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, denunció en un informe reciente que más de 60 empresas internacionales se han beneficiado económicamente del conflicto en Gaza y la ocupación israelí en Cisjordania, describiéndolo como una “economía del genocidio”.
Según el documento, estas compañías —que operan en sectores como defensa, tecnología, banca, energía, construcción, transporte y turismo— estarían implicadas en violaciones graves del derecho internacional y en el lavado de dinero derivado de dichas actividades. Albanese instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a investigar a altos ejecutivos por su presunta responsabilidad en estos crímenes.
El informe acusa a Israel de utilizar los territorios ocupados como campo de pruebas para nuevas tecnologías militares, incluidas herramientas de inteligencia artificial, defensa aérea y drones, que luego se comercializan como “probadas en combate”. En ese contexto, empresas como Elbit Systems e Israel Aerospace Industries figuran entre las 50 principales compañías armamentísticas del mundo.
El documento también menciona que Israel se beneficia de uno de los programas de adquisiciones de defensa más grandes de la historia. Ejemplo de ello es el uso del avión F-35, fabricado por Lockheed Martin, en operaciones recientes en Gaza. Estas aeronaves, junto con los F-16, habrían sido clave en la ofensiva israelí, con una capacidad de destrucción estimada en más de 85 mil toneladas de bombas.
Compañías como Caterpillar Inc (EE.UU.), HD Hyundai (Japón) y Volvo (Suecia) fueron señaladas por proveer maquinaria pesada empleada durante décadas para la demolición de viviendas palestinas y la expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania. Desde octubre de 2023, esa maquinaria también habría sido utilizada para arrasar zonas enteras de Gaza, incluidas Rafah y Jabalia.
El informe también destaca el papel de plataformas turísticas como Airbnb y Booking.com, que —según la ONU— normalizan la ocupación al ofrecer alojamientos en colonias ilegales como Tekoa, presentándolas como comunidades pacíficas mientras se oculta la violencia hacia las aldeas palestinas vecinas.
Además, Albanese señaló a firmas tecnológicas como IBM, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) y Hewlett Packard por colaborar en sistemas de vigilancia, manejo de datos biométricos, seguridad penitenciaria y ciberinteligencia en los territorios ocupados.
Otras compañías como BP y Chevron (energía), Maersk (logística) y diversas instituciones académicas también fueron citadas en el documento por su presunta complicidad económica o tecnológica.
La relatora exigió a estas empresas poner fin a su cooperación con el gobierno de Israel, reparar los daños causados al pueblo palestino y someterse a procesos judiciales internacionales si se comprueba su implicación en crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.