Estados Unidos suspende sistema de asilo bajo nuevas órdenes ejecutivas de Trump.
Desde países tan diversos como Eritrea, Guatemala, Pakistán, Afganistán, Ghana y Uzbekistán, miles de personas han llegado a la frontera de Estados Unidos en busca de asilo, alegando persecución por motivos religiosos, orientación sexual o afinidades políticas. Sin embargo, muchos de ellos se han enfrentado recientemente a un cambio drástico en la política migratoria estadounidense.
Tras asumir su segundo mandato el pasado 20 de enero, el presidente Donald Trump ordenó la suspensión del sistema de asilo como parte de una ofensiva más amplia contra la inmigración ilegal. Las nuevas órdenes ejecutivas firmadas por el mandatario buscan frenar lo que describió como una “invasión” de migrantes.
Las consecuencias han sido inmediatas. Solicitantes de asilo afirman que ya no tienen la oportunidad de presentar sus casos ante autoridades migratorias ni de obtener entrevistas con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“No nos ofrecieron un agente de ICE con quien hablar. No nos dieron una entrevista. Nadie me preguntó qué pasó”, relató un trabajador electoral ruso que llegó a Estados Unidos luego de ser sorprendido grabando pruebas de fraude electoral en su país. El 26 de febrero, él, su esposa y su hijo pequeño fueron deportados a Costa Rica, donde ahora esperan una nueva oportunidad para buscar refugio.
Históricamente, el sistema de asilo estadounidense ha ofrecido protección a personas perseguidas en sus países de origen. Sin embargo, las recientes medidas del Ejecutivo marcan un giro radical que, según críticos y defensores de derechos humanos, pone en peligro a cientos de solicitantes legítimos de protección internacional.