Corte Suprema analiza mantener bloqueo a restricciones de ciudadanía por nacimiento impulsadas por Trump.

La Corte Suprema de Estados Unidos dio señales este jueves de que podría mantener el bloqueo a las restricciones propuestas por el presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, al tiempo que considera limitar el alcance de las órdenes judiciales a escala nacional.
Durante una sesión de más de dos horas, los magistrados escucharon argumentos en torno a las apelaciones de emergencia presentadas por el gobierno federal, que busca revertir las decisiones de tribunales inferiores que han suspendido la implementación de las nuevas políticas migratorias en todo el país.
Las restricciones impulsadas por la administración Trump buscan negar la ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país sin autorización. La mayoría de los jueces expresó inquietudes sobre las consecuencias de permitir que estas medidas entren en vigor, incluso de manera temporal.
“¿Qué pasaría si esto se permite y luego se declara inconstitucional después? Las implicaciones para esos niños serían enormes”, insinuaron algunos de los magistrados, reflejando una postura cautelosa frente a las nuevas políticas.
El Procurador General D. John Sauer, representante del gobierno ante el tribunal, señaló que desde el inicio del segundo mandato de Trump en enero, los tribunales han emitido 40 órdenes judiciales de alcance nacional, lo que ha limitado de manera significativa los esfuerzos de reforma de la Casa Blanca.
Las órdenes judiciales universales, utilizadas por jueces federales para suspender políticas en todo el país, han sido una herramienta clave para contener varias iniciativas del presidente republicano. Sin embargo, también han provocado un creciente debate sobre la separación de poderes y los límites del sistema judicial.
Aún no está claro cómo resolverá la Corte Suprema este conflicto, pero una decisión podría establecer precedentes sobre el alcance de las decisiones judiciales y el equilibrio entre los poderes del Estado en cuestiones migratorias.