Entre 2016 y la primera mitad de 2024, autoridades mexicanas han localizado 1,692 cuerpos de migrantes que fallecieron en su intento por cruzar hacia Estados Unidos y que aún no han sido identificados, según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta situación pone en evidencia los peligros mortales que enfrentan quienes buscan una vida mejor al otro lado de la frontera, siendo los cruces de Tucson, Arizona, y McAllen y Laredo, Texas, los más peligrosos, seguidos de Calexico, California, y Albuquerque, Nuevo México.
Las causas más comunes de muerte incluyen deshidratación, complicaciones de salud, ahogamientos y accidentes durante la travesía. La mayoría de los migrantes fallecidos tienen entre 18 y 45 años, un rango de edad que refleja a personas jóvenes y en etapa productiva, con sueños de nuevas oportunidades para sus familias.
La crisis migratoria se agrava con el próximo regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien durante su primer mandato implementó políticas estrictas como la construcción parcial del muro fronterizo, el programa “Remain in Mexico” que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano, y la política de “tolerancia cero” que resultó en la separación de familias. Durante su administración, Trump deportó a 1.5 millones de personas, cifra menor a los 5 millones deportados bajo Barack Obama, pero superior a los 1.4 millones deportados en lo que va del mandato de Joe Biden.
Estas políticas han incrementado la presión sobre México, especialmente en ciudades fronterizas como Tijuana, Matamoros y Ciudad Juárez, que han recibido a miles de migrantes varados. A pesar de las promesas de Trump para endurecer aún más la seguridad fronteriza, este problema continúa siendo un recordatorio urgente de la necesidad de soluciones integrales que respeten los derechos humanos y aborden las causas estructurales de la migración forzada.
