Diversas organizaciones y activistas han manifestado un enérgico rechazo a la reforma constitucional que permitiría al Ejército asumir el control de la Guardia Nacional. Durante una conferencia de prensa, Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, advirtió sobre los peligros de esta iniciativa, señalando que la Guardia Nacional ha sido históricamente una extensión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y ha contribuido al aumento de violaciones a derechos humanos, asesinatos y desapariciones en el país.
Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, destacó que, aunque la Guardia Nacional se presenta como una institución civil, en la práctica está compuesta y dirigida por personal militar. Esta militarización de las funciones de seguridad pública, según Olivares, no ha logrado resolver la crisis de violencia que enfrenta México desde hace años, lo que ha llevado a que la Guardia Nacional sea la séptima institución con más quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con un total de 1,772 expedientes registrados.
Gabriela García, de la organización Intersecta, alertó sobre un paquete de reformas impulsado por el presidente saliente, que incluye cambios significativos en varias áreas, como el Poder Judicial y la prisión preventiva oficiosa. Según García, estas reformas, que podrían aprobarse de manera simultánea, otorgarían más poder a los militares y debilitarían la independencia y transparencia de las instituciones.
Marisol Méndez, coordinadora de Incidencia de la Fundación por la Justicia, enfatizó que la aprobación de esta ley podría llevar a México a incumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las organizaciones instaron a los legisladores a votar en contra de la reforma, abrir espacios de diálogo y respetar las recomendaciones internacionales para garantizar la protección de los derechos humanos en el país.
