El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) ha concedido al gobernador Samuel García Sepúlveda una suspensión que impide al Congreso del Estado imponerle sanciones en uno de los juicios políticos en su contra. La medida cautelar, dictada el lunes en el juicio contencioso 1879/2024, prohíbe al Poder Legislativo determinar o proponer sanciones mientras se resuelve el juicio, aunque el procedimiento puede continuar.
Elva Gabriela Sánchez, secretaria de la Segunda Sala Ordinaria del TJA, ordenó a las autoridades responsables, incluyendo la Comisión Anticorrupción y el Pleno del Congreso local, abstenerse de emitir dictámenes relacionados con la sanción al gobernador. Esta resolución protege a García mientras se dirime el juicio, aunque la Ley de Justicia Administrativa del Estado establece que el Tribunal no puede intervenir en actos legislativos del Congreso.
Simultáneamente, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa desechó dos demandas de amparo presentadas por García para frenar el juicio político, argumentando que estos hechos no son susceptibles de impugnación a través de amparo. El juez federal Francisco Manuel Rubín de Celis determinó que el juicio político no puede ser bloqueado por esta vía.
El 15 de agosto, la Comisión Anticorrupción aprobó iniciar un juicio político contra García por presuntas violaciones a la Constitución, diversas leyes, normas electorales y mandatos judiciales. Además, el gobernador enfrenta otro juicio por no haber presentado el presupuesto de 2023.
