Organizaciones de protección ambiental y derechos humanos han lanzado una urgente advertencia sobre la grave contaminación provocada por las megagranjas porcícolas en el sureste de México. Estas prácticas han sido especialmente perjudiciales para las comunidades indígenas en Yucatán, donde el 80% de las granjas están ubicadas en ejidos y comunidades mayas. Sofía Morín, miembro legal de Mercy For Animals Latinoamérica, denunció que la contaminación del agua, aire y suelo está afectando gravemente la calidad de vida de los residentes.
Las organizaciones que apoyan el proyecto S.O.S. Yucatán, en un esfuerzo por frenar la expansión de estas granjas, han documentado problemas significativos en las comunidades afectadas, como Santa María Chi. Los residentes se enfrentan a olores desagradables y plagas de moscas, resultado directo de la actividad porcícola que no cuenta con el consentimiento de las comunidades locales. La situación ha llevado a que los ambientalistas califiquen la región como una “alerta roja” debido a las violaciones al derecho a un ambiente sano.
Un estudio reciente reveló que, del total de 872 posibles granjas de cerdos en la región, los niveles de contaminación en el agua exceden hasta ocho veces los límites permitidos por las normativas mexicanas. En respuesta, los ambientalistas han solicitado que se cumpla el Convenio de Ramsar, un tratado internacional que protege los humedales de importancia global, esenciales como hábitat para aves acuáticas.
Los defensores del medio ambiente han instado a una intervención internacional inmediata para proteger las comunidades indígenas y sus ecosistemas, destacando la necesidad de apoyo experto en la gestión de manglares y cenotes, vitales para el equilibrio ecológico de la región.
