Al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández se lo exaltaba en Estados Unidos como un aliado crucial en la guerra contra la droga. Ahora, los fiscales federales lo acusan de gobernar su nación centroamericana como un “narco Estado” al recolectar millones de dólares de los carteles violentos para financiar su ascenso al poder.
Casi dos años después de su arresto y extradición a Estados Unidos, Hernández va a juicio en un tribunal federal en Manhattan, acusado de narcotráfico y delitos armados. La selección del jurado está prevista para comenzar en las próximas horas.
Es una caída en desgracia escandalosa para un dirigente político a quien gobiernos tanto demócratas como republicanos consideraban beneficioso en la lucha contra el narcotráfico y para ayudar a detener las olas de migrantes que cruzaban la frontera desde el sur.
El hecho de que a Hernández se le juzgue en Estados Unidos en lugar de su país natal pone de relieve la debilidad institucional de Honduras, dijo Raúl Pineda Alvarado, un analista político hondureño y ex legislador por el Partido Nacional de Hernández.
“Para los hondureños, significa la demostración de lo débil de nuestra democracia, entendida como división de poderes”, dijo Pineda Alvarado. “Los políticos no están sujetos a ningún control”.
Según las autoridades federales, durante casi dos décadas Hernández obtuvo ganancias del comercio de cientos de miles de kilos de cocaína introducidos en Estados Unidos, y en ocasiones cooperó con el poderoso cartel mexicano de Sinaloa.
