Amenazas de muerte a funcionarios electorales, jueces y fiscales, así como complots para tomar por asalto capitolios y otros edificios gubernamentales, además de actos de intimidación como marchas de neonazis y otros ultraderechistas, se han vuelto parte del proceso político estadunidense después de que en la última eleccion se violó, por primera vez, el hasta entonces sagrado principio del traslado pacífico del poder.
En las últimas semanas, se han registrado amenazas de bomba contra dos jueces –en Nueva York y Washington– encargados de casos contra el precandidato presidencial Donald Trump, y también contra legislaturas; hubo evacuaciones de más de una docena de capitolios estatales. La semana pasada el procurador general de Estados Unidos, Merrick Garland, sostuvo que esa serie de amenazas a funcionarios públicos tuvo un alza profundamente preocupante.
Estos incidentes, entre otros, son parte de una tendencia creciente que ha incluido, según Garland, amenazas de violencia contra aquellos que administran elecciones, aseguran viajes seguros, educan a nuestros hijos, reportan las noticias, representan a sus bases y mantienen seguras a nuestras comunidades. Estas amenazas son inaceptables. Amenazan el tejido de nuestra democracia.
El deterioro del debate y proceso político cuya legitimidad se ha cuestionado, se ha acelerado desde la primera campaña y presidencia de Trump, lo cual culminó con el asalto violento del Capitolio federal en enero de 2021, en un intento de golpe de Estado para anular la elección que perdió Trump.
