La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción en Baja California investiga a la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, a tres de sus funcionarios y a una regidora por el uso ilegal de recursos públicos por 37 millones de pesos.
La denuncia con el Número Único de Caso 0204/2023/52746 la presentó la Unión de Organizaciones Civiles y Sociales de Baja California por peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades a los funcionarios que beneficiaron en 2022 a 11 asociaciones civiles con dinero recaudado por la venta de los pases médicos, documento que extiende la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno de Tijuana para el cruce rápido de pacientes en la frontera de San Diego, California, para atención clínica.
De acuerdo a la denuncia penal del organismo ciudadano, los funcionarios tijuanenses armaron una mecanismo similar a la “Estafa Maestra” para redireccionar fondos públicos a asociaciones “fantasmas” (Humanitaria Cruz Verde de BajaCalifornia), “factureras” (Baja California Avanza) y dos dirigidas por exfuncionarios y políticos panistas (CESUN Universidad y HM Cluster).
La Fiscalía Anticorrupcion investiga por ello a la alcaldesa morenista Montserrat Caballero; al secretario de Gobierno Miguel Ángel Bujanda, excoordinador de gabinete del gobernador panista Kiko Vega; al síndico Rafael Leyva Pérez, sobrino del exgobernador priista Xicoténcatl Leyva; al tesorero Raymundo Vega y a la regidora del PES Claudia Casas Valdés, actriz de peliculas sobre el narco en la frontera y empresaria que preside la Comisión de Hacienda y Patrimonio del Cabildo de Tijuana.
La alcadesa Monserrat Caballero presentó su interés en reelegirse.