La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) deberá preservar los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, en atención a una instrucción del Poder Judicial de la Federación, como parte de una suspensión provisional otorgada dentro de un juicio de amparo promovido por los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, contra la cadena de mando del aparato de inteligencia militar.
Los familiares de los alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos estimaron que el Ejército ha incumplido el decreto presidencial por el cual se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso, violando así el derecho a la verdad.
El Centro Prodh emitió un comunicado en el que detalló que con la publicación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se reveló que el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número aún indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia, pese a que los indicios apuntan a que su contenido es relevante para entender y esclarecer lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014.
Se señala como responsable del ocultamiento al secretario de la Defensa Nacional; al jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; al titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; al titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y al director del Centro Militar de Inteligencia, entre otras autoridades.
Las familias han pedido, como medida cautelar, que dentro de la suspensión el Poder Judicial ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada. Esto con la expectativa de que, al resolverse el fondo, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante empleando todas las facultades que le confiere la ley a los juzgados de amparo para hacer valer sus determinaciones.”
