Organizaciones civiles mexicanas exigieron el día de ayer, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anule la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV), que impulsó el Gobierno federal para eliminar la obligación de dar un porcentaje mínimo del presupuesto anual para la atención hacia las víctimas.
Desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PRODH) presentaron un amparo a principios de 2021 contra la reforma, que se votará en la SCJN el próximo 9 de agosto, proyecto que fue llevado a la corte por el ministro Luis González Alcántara con el objetivo de conceder un mínimo presupuestal para las víctimas.
“Hacemos un llamado a los ministros a aprobar el proyecto presentado por el ministro Alcántara para dar un mensaje contundente: ni un paso atrás en los derechos de las víctimas que ellas han conquistado”, remarcó César Contreras, abogado del PRODH.
