Según la Fiscalía General de la República (FGR), la estación migratoria de Ciudad Juárez era una trampa mortal donde la tragedia podía ocurrir en cualquier momento, no había protocolos ni equipos para prevenir o apagar incendios, los migrantes estaban hacinados, hambrientos, sin acceso a agua potable y sin productos para su aseo personal.
Los 68 indocumentados fueron encerrados en esa celda, cuya reja fue asegurada con un candado y cuya llave fue entregada a un bombero cuando ya habían fallecido 37 y los demás se encontraban lesionados.
Lo anterior quedó asentado en los peritajes y pruebas que la (FGR) presentó ante un juez federal para obtener, hasta el momento, órdenes de aprehensión en contra de nueve funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) por incurrir en graves omisiones.
La FGR establece que los cuatro extintores que había en las instalaciones “se encontraban obstruidos por mochilas y muebles del persona de migración y en consecuencia fuera del alcance para el resguardo del personal de seguridad y custodia. Además, no contaban con un croquis del centro de trabajo con la distribución de equipos contra incendio y medios de detección”.
Por su parte el Ministerio Público Federal señala que los migrantes, enojados, protestaron por la falta de cumplimiento de sus deberes como servidores públicos. “No se contaba con agua potable” y “tampoco con comida ni enseres de aseo personal” para los 68 indocumentados “encerrados con candado por órdenes de personal de migración”.
